El ajuste al Estado y a los puestos de trabajo en la administración pública sigue siendo un eje central en la gestión del gobierno de Javier Milei. En un informe reciente, el Ministerio de Desregulación y Transformación resaltó que en julio se redujeron 1.164 trabajos, sumando un total de 53.345 empleos (una caída del 10,6%) en sus primeros 20 meses de gestión.
La estrategia del gobierno ha pasado por despedir personal mediante la finalización de contratos, retiros voluntarios y, más recientemente, ajustes salariales que han empujado a muchos empleados estatales a optar por irse. Según indican los datos sobre salarios estatales, el poder adquisitivo ha caído un 14,3% desde noviembre de 2023 hasta junio, con algunas áreas experimentando pérdidas de hasta 27%.
Impacto en los empleos estatales
De las más de 53.000 posiciones eliminadas, 16.886 pertenecen a empresas estatales. Antes había una plantilla de 91.166 empleados, y hoy son solo 74.280, lo que significa una contracción del 18,5%. En la Administración Pública Nacional, que contaba con 205.550 puestos, ahora solo hay 174.430. Eso refleja una disminución de 31.114 personas, o sea, un 15,1%.
En detalle, la plantilla de empleados permanentes y temporales ha disminuido un 9,4%. Los contratados bajo la Ley Marco han tenido descensos del 22,1%, mientras que los empleados bajo contratos LOYS (monotributistas) sufrieron una caída del 52,4%. Este panorama no es justo, sobre todo para aquellos que están viendo cómo sus colegas se quedan sin trabajo.
Ahorro y costos asociados
Bajo el concepto de “ahorro por reducción del personal”, el ministerio de Sturzenegger ha señalado que se produjeron recortes anuales de u$s1.053 millones en sueldos. Es interesante considerar que, según estimaciones, el costo total por empleado duplica su salario, ya que incluye gastos en infraestructura, como espacio de oficina y equipos. Así, el ajuste total alcanzaría u$s2.106 millones.
La reducción de personal ha sido más notoria en los contratos bajo la Ley Marco, donde se logró un ahorro en sueldos de u$s256 millones, y totalizando u$s512 millones al incluir los costos de infraestructura. En los contratos permanentes y temporales, el ahorro en sueldos fue de u$s297 millones, junto a un total de u$s594 millones considerando los gastos adicionales. Para los contratos LOYS, el ahorro anual alcanzó u$s64 millones, sumando u$s128 millones al considerar gastos relacionados.
El gobierno ha expresado su intención de seguir profundizando en esta estrategia, buscando más reducciones de personal y eliminando áreas que no cumplan funciones esenciales.
